Reportera: Isela Guerrero Osorio

Con el propósito de dialogar sobre defensa territorial, justicia ambiental, juventudes, derechos humanos, acceso a la información e incidencia pública, la Sala de Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), fue sede del conversatorio ¿Quién decide sobre la energía? Fracking, gas y democracia energética, moderado por la doctora Aleida Azamar Alonso profesora- investigadora de esta casa de estudios y especialista en Economía Internacional, como parte de la Gira Solar, jornada que incluyó talleres sobre consumo eléctrico y el montaje del sonidero solar Tonatiuh, actividad realizada en el jardín Zapata, para decirle a la comunidad universitaria que, ante la crisis ambiental, la unión también se fortalece con el baile.

En la charla participaron Yuvelis Morales Blanco, de la Alianza Colombia Libre de Fracking; Rodolfo Bibiano Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking e integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason); Salma Semiramis Sáenz, de Hackers x Nuestro Futuro; y Charlie Punzo Villafuerte, de Fundar, Centro de análisis e investigación, quienes coincidieron en que las decisiones sobre política energética son profundamente políticas, pues determinan quién controla los territorios, quién asume los costos ambientales y quién define el futuro de las comunidades.

Salma Semiramis Sáenz señaló que el debate sobre el fracking trasciende lo tecnológico y se centra en quién toma las decisiones. Advirtió que el sistema energético mexicano permanece altamente centralizado y cuestionó quién decide qué territorios se convierten en “zonas de sacrificio”. Asimismo, llamó a incorporar a mujeres, pueblos originarios y juventudes en la definición del futuro energético y recordó que ya se han rebasado siete de los nueve límites planetarios.

Charlie Punzo afirmó que el fracking también refleja la dependencia energética de México respecto de Estados Unidos. Sostuvo que gran parte del gas importado abastece a la industria exportadora y no a las necesidades de la población, por lo que consideró que el discurso de soberanía energética encubre una estrategia de control territorial. Además, denunció la escasa transparencia y participación ciudadana en las decisiones del sector.

La activista colombiana, Yuvelis Morales Blanco, advirtió que los gobiernos continúan apostando por un modelo basado en combustibles fósiles, pese al discurso de transición energética. Señaló que las comunidades petroleras siguen enfrentando contaminación, falta de acceso al agua y vulneración de derechos humanos, por lo que cuestionó el impulso al fracking con preguntas como: “¿para quién?, ¿para qué? y ¿por qué?”. Afirmó que, “no existe beneficio económico capaz de compensar la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad o el deterioro de la vida comunitaria”.

Rodolfo Bibiano Corason expuso la experiencia de comunidades petroleras de Veracruz, donde, dijo, décadas de actividad extractiva han dejado una deuda ambiental y violaciones a derechos humanos sin reparación. También denunció la falta de transparencia sobre el número de pozos que operan con fracking y la criminalización de personas defensoras del territorio.

Durante el cierre, los participantes coincidieron en que la transición energética debe construirse desde los territorios, con participación comunitaria y soluciones locales como cooperativas energéticas, sistemas fotovoltaicos, infraestructura solar para el acceso al agua y proyectos de movilidad sustentable. También subrayaron que la energía no es únicamente un asunto técnico o económico, sino una decisión que define la distribución de riesgos, el acceso a derechos y el futuro de las comunidades.

Al término del encuentro, en entrevista para Cauce Yuvelis Morales Blanco, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking y reciente ganadora del Premio Medioambiental Goldman 2026, explicó que su defensa del territorio nació de la protección del río Magdalena y de las comunidades de Puerto Wilches.

“La defensa del río es también la defensa de nuestra identidad”, expresó. Añadió que, pese a más de un siglo de extracción petrolera en su región, muchas comunidades siguen sin acceso al agua potable: “En mi pueblo llevan más de cien años extrayendo petróleo y gas, y aún no tenemos agua para consumir. Muchas familias deben elegir entre comprar agua o comprar alimentos”.

Morales Blanco afirmó que el Premio Goldman reconoce el trabajo colectivo de las comunidades que han resistido al fracking en Colombia. “Este premio es como un megáfono para contarle al mundo sobre la crisis ambiental y de derechos humanos que existen en la actualidad”, expresó y reiteró el llamado a construir una transición energética justa que garantice derechos, fortalezca la participación comunitaria y la solidaridad entre los movimientos ambientalistas de América Latina.