Reportera: Isela Guerrero Osorio

“La situación económica y política de México refleja una realidad presente en gran parte del mundo; el rumbo de las sociedades suele concentrarse en manos de unos cuantos. Son los grandes empresarios quienes influyen en las decisiones políticas, mientras que muchos actores políticos buscan también incorporarse al ámbito empresarial. Quienes poseen el poder económico condicionan el destino político de la ciudadanía, porque, aunque el artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas somos iguales, cabe preguntarse si esa igualdad realmente existe”.

Con estas palabras, la maestra Jathalia Vega Torres, moderadora de la presentación del informe Oligarquía y Democracia: Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México, dio inicio a esta actividad organizada por el Área de Política Económica y Desarrollo del Departamento de Producción Económica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), realizada en el Auditorio Catalina Eibenschutz de esta institución académica.

Durante su intervención, el doctor Efrén Pérez de la Mora, autor del informe e integrante del área de Gestión del Conocimiento de Oxfam México, explicó que la desigualdad en México responde a decisiones políticas que han colocado al país entre los más desiguales del mundo. Indicó que el 1% más rico de la población, conformado por aproximadamente 1.3 millones de personas, concentra el 35% del ingreso total, posee el 40% de la riqueza privada nacional y genera el 23% de las emisiones contaminantes del país. Esta concentración de riqueza contrasta con la realidad de 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones que enfrentan carencias sociales o ingresos inferiores a la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que destinan, al menos, una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.

El informe sostiene que la desigualdad económica debilita la actividad productiva y dificulta la reducción de la pobreza; además, erosiona la democracia, fragmenta la cohesión social y limita la capacidad colectiva para afrontar la crisis climática. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder para decidir qué se produce, cómo se organiza la economía y bajo qué condiciones funciona. Si estas decisiones quedan en manos de unos pocos, la democracia pierde contenido y deriva en una oligarquía.

En las últimas tres décadas, los ultraricos mexicanos nunca habían acumulado tanta riqueza como en la actualidad. Actualmente existen 22 mil millonarios cuya fortuna conjunta asciende a 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos o al tamaño conjunto de las economías de Jalisco y Guanajuato. “Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, de América Latina y el Caribe, alcanzó el mayor nivel de riqueza de su historia. En ese mismo periodo, la fortuna acumulada por los milmillonarios mexicanos se duplicó en tan sólo cinco años”.

Pérez de la Mora aseveró que México confirma lo planteado por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI “cuando la riqueza de las personas más acaudaladas crece a un ritmo mayor que la economía, la desigualdad se profundiza”. Entre 1996 y 2025, la fortuna de Carlos Slim se incrementó más de ocho veces y la de los milmillonarios se multiplicó 4.2 veces, mientras la economía mexicana ni siquiera duplicó su tamaño.

El investigador de Oxfam comentó que la democracia económica no surge por decreto, sino que se construye a partir de la inversión en infraestructura pública, elemento fundamental para garantizar un crecimiento sostenido y soberano, así como el ejercicio de los derechos ciudadanos. “Defender la democracia implica enfrentar la concentración extrema de la riqueza y avanzar hacia una verdadera democracia económica”.

Bajo esta perspectiva, el informe plantea nueve propuestas orientadas a construir una economía más justa. Entre ellas destaca la transformación de los mecanismos de inversión para hacerlos más democráticos, fortalecer la protección de derechos y ampliar las facultades de los órganos reguladores de la política económica. Asimismo, propone corregir la irresponsabilidad fiscal mediante un sistema en el que quienes poseen mayores recursos contribuyan con más impuestos; impulsar políticas de cuidados incluyentes; establecer una nueva gobernanza que garantice el derecho humano al agua; desarrollar infraestructura social para el sistema de cuidados; reasignar subsidios a la electricidad, así como promover el financiamiento de transporte público eléctrico y masivo.

El doctor Christopher Cernichiaro Reyna y la doctora Daniela Castillo Rodríguez, profesores-investigadores del Departamento de Producción Económica de la Casa abierta al tiempo, también compartieron sus reflexiones sobre el informe de Oxfam, coincidiendo completamente con su contenido.