Samuel Gamaliel Rosas Gallardo^[1]

El cierre —o pausa— de las actividades económicas y las cuarentenas decretadas debido a la propagación del SARS-COV-2 a nivel mundial denotaron problemas estructurales en cada una de las naciones. Algunos países han comenzado a adoptar programas para combatir la afectación económica. Destaca la reducción de tasas de interés por parte de bancos centrales con el fin de incentivar la adopción de créditos y consumo (Pazarbasioglu, 2020). A su vez, las propuestas de transferencias monetarias a sectores vulnerables y la creación de estímulos fiscales para las empresas se erigen como acciones esenciales para el desarrollo de la economía ante la crisis que paulatinamente se ha forjado, misma que se ha proyectado con efectos mayores a los vividos durante la crisis de 2008-2009 (Cepal, 2020a).

Las condiciones en las que se enfrentan estos retos son diferentes en cada nación. Los países del centro económico han propiciado la mayoría de las medidas previamente mencionadas, fundamentando sus decisiones políticas en sus mayores niveles de recaudación tributaria y una estructura laboral con mayor adaptación al trabajo remoto. Los países de la periferia económica han tenido que atender esta emergencia sanitaria arrastrando rezagos importantes en materia de desarrollo social, recaudación tributaria, infraestructura del sector salud, informalidad laboral y altas tasas de desempleo.

En las naciones ricas se han ordenado cuarentenas, mientras que los gobiernos y los bancos centrales han liberado billones de dólares en gasto y crédito para limitar el daño económico. Pero no ocurre lo mismo en los países pobres, donde las familias de los barrios pobres viven hacinadas, por lo que sería imposible aplicar una cuarentena. Quienes sobreviven gracias a la chatarra de metal que encuentran en los basureros podrían morir de hambre si se quedan en casa (Goodman, Politi, Raj, Chutel y Latif, 2020).

América Latina y el Caribe son un ejemplo claro de esta situación ya que, aunada a estas condiciones, la pandemia surgió en uno de los mayores momentos de vulnerabilidad macroeconómica de las últimas décadas. Es preciso destacar las siguientes problemáticas a nivel regional (CEPAL, 2020b):

• El aumento de la deuda pública —a un promedio regional de 44.8 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aunado al aumento en el pago de intereses a 2.5 por ciento con respecto al pib hacia 2019— y la baja recaudación fiscal redujeron los recursos disponibles para gastos en materia de desarrollo como salud pública, educación e inversiones.
• A pesar de que los bancos centrales redujeron tasas de interés como política monetaria con el fin de aumentar la liquidez, la demanda agregada no ha aumentado de forma considerable a lo proyectado. Se incrementaron las presiones en las cotizaciones de las divisas en el mercado cambiario.
• La reducción en los niveles de comercio a nivel mundial tiene efectos negativos en la región debido a la amplia dependencia de algunas naciones en la exportación de bienes intermedios.
• La persistencia de la inadecuada distribución personal del ingreso mantiene el coeficiente de Gini regional en un valor de 0.462, y un nivel de pobreza de 30.8 por ciento de la población.

Históricamente, México ha enfrentado múltiples retos en materia de cohesión social. Las transmutaciones entre modelos económicos vividos durante las últimas décadas han replicado —o propiciado— la divergencia económica entre la sociedad. La política social se ha mantenido al margen de la política económica per se, sin lograr integrarse a una estrategia de desarrollo social eficaz a largo plazo. Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) estructurados durante las últimas seis administraciones han mantenido una deuda principal: la incapacidad de poder estructurar programas que propicien la movilidad social o el bienestar efectivo.

La estructura social mexicana refleja niveles considerables de pobreza, desigualdad y precariedad laboral que deben ser solventados para impulsar el desarrollo social; aspectos que, sin duda, han repercutido en la forma —o velocidad— en que el COVID-19 se ha propagado en la población mexicana. O bien, la forma en que los efectos de la pandemia han empeorado las condiciones a nivel nacional.

En materia laboral el contexto es complicado. Es cierto que el salario mínimo aumentó el 1 de enero de 2020 a $185.56 en la Zona Libre de la Frontera Norte[2] y a $123.22 en el resto del país (Conasami, 2020). Pero las remuneraciones se mantienen en niveles bajos para poder efectuar —de forma efectiva— muchos gastos necesarios para el sano desarrollo. Un trabajador que gana el salario mínimo en un mes obtendría sólo $2 464.4; mayor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) rural, pero menor a la LPI urbana, si se toman como base los datos al mes de abril de 2020.[3] No obstante, se sabe que muchas personas en el país —debido a trabajos informales o acuerdos laborales que incumplen con la Ley Federal del Trabajo, principalmente en zonas rurales— ganan menos del salario mínimo y viven prácticamente a expensas de apoyos familiares o la generación de autoconsumo. A su vez, la precariedad laboral y la falta de oportunidades para empleos calificados han impulsado el estancamiento de los salarios en niveles menores para solventar costos no contemplados de manera efectiva en la canasta no alimentaria, tales como vivienda (renta) o transporte; con mayor repercusión al contemplar el promedio de personas por familias dependientes de un único ingreso[4] (ANEXO 1).

La tasa de desocupación nacional de la población económicamente activa fue de 3.3 por ciento en marzo de 2020; aproximadamente 1891836 personas. Los niveles de informalidad también son considerables, con aproximadamente 56.65 por ciento de la población ocupada en México en un empleo informal (INEGI, 2020). Esta compleja —y divergente— estructura laboral propicia un panorama complejo ante el COVID-19; no sólo debido a que muchas familias no contaban con el sustento necesario para solventar sus gastos durante la estrategia “Quédate en casa” impulsada por el gobierno federal, sino por los efectos derivados de esta situación, tales como: pérdidas de empleo (346000 entre el 13 de marzo y el 6 de abril) y la reducción de alrededor de 50 por ciento del salario por parte de algunas empresas (Saldaña, 2020).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a partir de 2008, escudriñó aspectos multidimensionales para la comprensión de las características determinantes en los niveles de pobreza en México. De acuerdo con los últimos datos disponibles, hacia 2018 se vivió una ligera reducción del número de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la cantidad de gente vulnerable por carencias sociales y por ingresos sigue siendo de grupos que no han logrado solventar por completo los rezagos existentes que les inhiben la movilidad social  y el bienestar[5] (ANEXO 2). Sólo 27 352149 personas en México no son pobres ni vulnerables por carencias sociales o ingresos y representan 21.87 por ciento de la población total del país.[6]

Entre los mayores rezagos por carencias sociales que existen actualmente, destacan la inseguridad alimentaria, el rezago educativo y la falta de acceso a los servicios de salud y seguridad social[7] (ANEXO 3). Los últimos dos representan un reto importante para la atención de la pandemia en el país. Con base en los datos confirmados por la Secretaría de Salud del gobierno mexicano al 18 de mayo de 2020, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de personas con COVID-19; la primera de ellas con casi 15 000 personas contagiadas. A su vez, prácticamente 20 por ciento de la población de estas dos entidades no tienen acceso a servicios de salud. Por su parte, estados como Michoacán, Puebla y Jalisco poseen niveles similares de población sin acceso a servicios de salud, pero con menores casos confirmados del virus (cercanos a mil personas). La situación vista a través del acceso a servicios de seguridad social es similar, a pesar de la notoria congregación de la mayoría de los estados en niveles mayores a 50 por ciento de la población sin acceso a este servicio.

Esto confirma que la densidad demográfica, aunada al número de hospitales de especialidades disponibles en las entidades, y las condiciones socioeconómicas de la población influyen en la capacidad de acceso hospitalario[8] (ANEXOS 4 al 7).

Durante el mes de abril, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de reactivación económica de cuatro ejes (Albarrán, 2020):

• Mantener los apoyos sociales.

• Continuar con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el TrenMaya y la Refinería de Dos Bocas.

• Otorgar 2 100 000 créditos a trabajadores formales e informales.

• Aumentar la rigidez en la austeridad republicana (cancelación de diez subsecretarías, reducción de salarios y aguinaldos a funcionarios en el gobierno federal).

Este plan de reactivación económica fue sumamente criticado debido a que no profundiza en las necesidades concretas para atender la crisis actual del país, la cual ya existía antes de la pandemia y que se ha ido agravando debido a las restricciones en las actividades económicas de los últimos meses.[9] Asimismo, la baja recaudación fiscal que tiene el país (aproximadamente 16.1 por ciento respecto al PIB) no permite vislumbrar la forma en que los apoyos sociales y la continuidad de proyectos de infraestructura puedan mantenerse en esos niveles durante la pandemia sin incurrir en deuda pública, como ha enfatizado el presidente.

El desarrollo social en México enfrenta un panorama ominoso ante el COVID-19. El país se encuentra inmerso en una trampa fiscal[10] y una encrucijada en materia de política social que deben ser resueltas para reducir las afectaciones económicas y propiciar el bienestar de la población. El desarrollo no debe desvincularse de los proyectos que se generen para combatir la crisis económica. Tampoco debe perderse de vista la vinculación intergubernamental e interinstitucional que permita generar paulatinamente programas efectivos para reducir efectos negativos. Tomando en cuenta esto, el gobierno mexicano debería considerar las siguientes acciones y aspectos para generar un nuevo proyecto de contingencia con perspectiva de desarrollo social:

• Estructurar los programas de desarrollo con metas a mediano y largo plazo. Dejar de lado los errores que muchos proyectos sexenales han replicado, generando acciones cortoplacistas que no influyen de manera efectiva en la solución de problemas sociales intrínsecos en la sociedad mexicana. En otras palabras: el programa de reactivación económica debería vincularse con una reestructuración del Plan Nacional de Desarrollo bajo una perspectiva transexenal.
• Repensar el gasto. No utilizar el gasto social únicamente en transferencias económicas que, a pesar de la negativa presidencial, repercutirán indefectiblemente en afectaciones a las finanzas públicas. Contemplar una estrategia bifocal que permita invertir en proyectos de coyuntura que estimulen el empleo, a la par de un replanteamiento de las transferencias monetarias que transiten a la generación de un ingreso básico a las familias más afectadas de los primeros deciles económicos.
• Aprovechar la estructura de la Seguridad Alimentaria Mexicana —Diconsa— con el fin de generar autosuficiencia alimentaria en comunidades rurales, creando mercados locales que permitan a los productores obtener ganancias adecuadas y a los consumidores acceder a productos básicos.
• Efectuar un programa fiscal a mediano plazo que condone de manera regresiva el pago de impuestos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). El primer año sería condonado y apoyado con los créditos existentes para el regreso a las actividades posteriores al fin de la contingencia de cada entidad. Posteriormente, realizar condonaciones regresivas de 25 por ciento hasta culminar por completo el apoyo fiscal. De igual forma, plantear una estrategia de incorporación fiscal progresiva que permita incorporar al sistema tributario a negocios informales usuarios del sistema del Instituto de Salud para el Bienestar y mejorar —a futuro— la recaudación de impuestos con el fin de sustentar el resto de los programas gubernamentales.
• Frenar el proyecto de la Refinería de Dos Bocas con base en la perspectiva negativa de rendimiento económico debido a la reducción de los precios del petróleo y la transición energética a opciones “verdes” o “ecoamigables”. Utilizar ese presupuesto para la contención de la crisis económica y el sustento de los programas previamente abordados.

Actualmente, estamos en medio de la transición a una “nueva normalidad”. Algunos municipios (que no tuvieron casos confirmados de SARS-COV-2 y colindan con entidades en la misma situación) retomaron actividades esenciales; muchos otros se proyectaron hacia el final del mes de mayo o la segunda quincena de junio. Seguimos en el momento adecuado para poder formalizar medidas idóneas que incidan en contener la pandemia, la crisis económica y propiciar el desarrollo social del país. Los retos más grandes son, sin duda, la postura que asuma el gobierno federal y la forma en que los gobiernos estatales respalden o generen las medidas locales.

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[1] Lic. en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Correo: sam_rosas@live.com.mx

[2] Es una franja de 25 km al sur de los Estados Unidos de América, creada con el fin de reducir la migración por parte de la población asentada en esa zona a través de beneficios fiscales, aumento de salarios y homologación de los precios de energéticos.

[3] La Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) refleja el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.

[4] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el monto promedio que necesitan las familias para el mantenimiento del hogar es de 13 529 pesos al mes. Para tener una visión más clara sobre la desigualdad vista en el marco de la distribución personal del ingreso véaseel ANEXO 1, donde se presenta un comparativo del comportamiento del coeficiente de Gini y la Brecha Relativa del Ingreso (porcentaje faltante en materia de ingreso promedio del primer decil para poder costear la IPI). Denota una tendencia de disminución en la divergencia existente; sin embargo, como se menciona, este rezago y los efectos mismos del COVID-19 propiciarán una menor cohesión social en el corto plazo.

[5] En el ANEXO 2 se presenta una gráfica que detalla la correspondencia existente entre la informalidad laboral y el porcentaje de la población que
se encuentra en condiciones de pobreza. Se confirma que las entidades con mayores problemáticas de pobreza inmersas en la demarcación cuentan con conflictos laborales que los llevan a buscar opciones en el empleo informal (Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas); sin contar con ingresos seguros para el desarrollo de su vida que repercuten a su vez en los niveles de recaudación fiscal para la inversión social de los gobiernos estatales.

[6] Durante el mes de mayo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó un documento sobre el panorama del desarrollo social y la pobreza en el país en el marco de la pandemia. Si bien utilizó la metodología anterior a 2008 (es decir, no vista a nivel multi dimensional, sino en una disgregación funcional), estructuró dos escenarios que prevén el aumento de la pobreza en términos de la afectación en el ingreso. Será importante analizar el comportamiento de la perspectiva multidimensional durante los próximos meses para tener un balance completo con base en la metodología que rige al organismo en la actualidad.

^[7] Para una comprensión más didáctica sobre la situación actual a nivel de carencias sociales en el país, véase el ANEXO 3. Se presentan los datos de la última evaluación multidimensional de la pobreza desarrollada por el Coneval.

[8] Los ANEXOS 4 AL 7 presentan un análisis de correspondencia entre el número de casos confirmados de COVID-19 y los niveles de pobreza, informalidad laboral y falta de acceso a servicios de salud y seguridad social. Un aspecto que se encuentra implícito en estas condiciones, pero que no se ha buscado profundizar completamente en este trabajo son las comunidades indígenas en cada demarcación, las cuales son un grupo vulnerable debido a que muchas de ellas no cuentan con servicios hospitalarios cercanos y dependen, en su mayoría, de las ganancias provenientes de actividades agrícolas y venta de artesanías; aspectos que , en cierta medida, se han visto afectados durante el cierre de actividades económicas.

[9] El Fondo Monetario Internacional estima una contracción económica para México de 6.6 por ciento este año. Por su parte, la valoración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de una contracción de 3.9 por ciento. A su vez, tras la presentación del programa a implementarse por el gobierno mexicano se incrementó la percepción del riesgo país por parte de diversas calificadoras financieras como JP Morgan.

[10] Significa la incapacidad para realizar mayor inversión social por parte del gobierno federal; a la par de la imposibilidad de recaudar más debido a que las personas no cuentan con incentivos (transparencia —visibilidad del gasto social— y efectividad, además de las afectaciones económicas de algunas familias) que les permitan o insten a ceñirse bajo la legalidad tributaria.

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