Publicación bimestral de la Coordinación de Extensión Universitaria

Cobertura UAM Xochimilco

El programa nacional de bachillerato debe ofrecer propuestas claras y no meritocráticas y confusas

 A propósito de las transformaciones en materia de política educativa para el nivel medio superior que se implementan a través del programa nacional de bachillerato para todas y todos “mi derecho, mi lugar”, que forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, especialistas en el tema compartieron su punto de vista respecto del presente y futuro de la educación superior en México.

Esto ocurrió en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), en el marco del foro convocado por las doctoras María Angelica Buendía Espinosa, secretaria de la Unidad, y Ana Beatriz Pérez Díaz, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica.

En sus intervenciones, las doctoras María de Ibarrola, Gabriela de la Cruz, Jimena Hernández y el doctor Leonel Pérez reconocieron el potencial en este nuevo esquema educativo para el nivel bachillerato y puntualizaron la necesidad de clarificar aspectos como la diversidad, la desigualdad, la inclusión, el ingreso y la profesionalización docente, entre otros, que garanticen la educación para todas y todos.

Al tomar la palabra, la doctora en Ciencias, María de Ibarrola, investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), refirió que la propuesta de un nuevo bachillerato nacional y tecnológico se sitúa en un contexto en el que predominan tres aspectos: la diversidad y precariedad o falta de planteles educativos, debido a la asignación de los recursos económicos configurada por el tipo de institución, la distribución de la matrícula, la distribución geográfica estatal y municipal, condiciones que influyen en el porcentaje de reprobados y abandono escolar, y la calidad y eficiencia de las instituciones.

El segundo aspecto es la desigualdad de oportunidades y el futuro incierto para quienes concluyen el nivel medio superior, debido a una oferta educativa determinada por factores como el socioeconómico, tanto para los jóvenes que ingresan como los que se quedan sin lugar. Este factor incide en el alto porcentaje de alumnos que estudian y trabajan y en la deserción escolar.

El tercer aspecto señalado por la investigadora tiene que ver con la diversidad de planteles de bachillerato determinada por los diferentes diseños curriculares, la formación y contratación de docentes, la forma de ingreso escolar, el ingreso del alumnado relacionado con la cobertura insuficiente de planteles, la deserción escolar, la escasa certificación profesional de bachilleratos tecnológicos y por la eficiencia terminal.

Para la doctora Ibarrola sí es posible un nuevo modelo de bachillerato siempre y cuando se parta de diagnósticos y propuestas claras y no una selección meritocrática y confusa. En este sentido, sugirió algunas medidas como diagnósticos certeros de la desigualdad de los planteles, revisar los criterios de asignación presupuestal para fortalecer a las instituciones, asignar becas a los estudiantes más desfavorecidos, apoyar para la movilidad estudiantil y de los profesores, impulsar la certificación técnica y considerar en la formación laboral del nivel medio superior la heterogeneidad del sector productivo, del que se reportan cinco millones de microempresas que emplean a un elevado porcentaje de la población.

En su intervención, la doctora en Psicología con énfasis en Educación, Gabriela de la Cruz, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó la posibilidad de un modelo de bachillerato equitativo si se atienden aspectos como la inclusión y la exclusión en la educación media.

Respecto de la exclusión, señaló la importancia de revisar las condiciones de las comunidades, zonas y regiones del país que históricamente son desfavorecidas y, con ellas, sus planteles, particularmente los bachilleratos comunitarios y los telebachilleratos. También, señaló la necesidad de incorporar a los grupos sociales que son excluidos por discapacidad, género, condición socioeconómica, etnia y condición migratoria.

Sostuvo que colocar a la inclusión en el centro de la educación significa promover el aprendizaje de todos y todas, promover la participación genuina del estudiantado, generar ambientes educativos afectivos promotores de conocimiento y resignificar la educación media que actualmente se concibe de manera errónea, como un propedéutico para la educación superior.

El doctor Leonel Pérez Expósito, coordinador de Desarrollo Educativo de esta Unidad, sostuvo que la preocupación por edificar un proyecto igualitario de sociedad ha impulsado concepciones de equidad e inclusión exorbitantes. Con esta lógica y bajo las condiciones más exigentes de equidad e inclusión educativa, refirió que no es posible la construcción de un bachillerato equitativo e incluyente que desconoce la existencia de un sistema educativo con esas características.

El doctor en Filosofía indicó que, para determinar el potencial del modelo de ingreso a la educación media superior en México, llamado Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), es necesario entender la diferencia entre segmentación educativa y desigualdad educativa, ya que una no implica a la otra. Otro concepto que es necesario revisar es el de derecho a la educación que se ha vuelto exigente y ha caído en ambigüedades conceptuales sin consenso como la inmutabilidad, la calidad, la universalidad y la asequibilidad.

Un reto planteado por el académico está relacionado con la percepción que los jóvenes tienen del bachillerato, una etapa en la que, desde su punto de vista, debe incidir en cuatro aspectos: la formación propedéutica para la educación superior; la formación para el trabajo; un espacio de socialización que potencie el desarrollo cognitivo, emocional y físico de las y los adolescentes, y un espacio de formación ciudadana. Sin la claridad de estos propósitos, dijo, “es difícil pensar en mejorar la aceptabilidad como el derecho a la educación con un sistema que pretende ser más integrado”.

Destacó la importancia de trabajar en las condiciones laborales, la participación, la organización de los planteles y la formación docente situada en las escuelas. Esto puede tener mayor impacto en el mejoramiento de la vía curricular y de la infraestructura. El problema es que pueden ser mucho más lentos.

La doctora en Educación, Jimena Hernández Fernández, integrante del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana, señaló la necesidad de clarificar aspectos como la homologación de todos los subsistemas de educación media superior, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico, diversos en sus contextos educativos y desigualdades regionales.

Otro aspecto es el tratamiento que se dará a la oferta y calidad educativa frente a las desigualdades preexistentes de las escuelas, ya sea en instalaciones, recursos y contrataciones docentes; sin correr el riesgo de que la unificación profundice las desigualdades. Uno más, es el acceso garantizado versus el acceso efectivo, que se dirige principalmente a la zona metropolitana sin considerar las regiones del país.

La investigadora cuestionó la efectividad de eliminar el examen de Comipems y la exclusión de dos instituciones con mayor ingreso, pues ello promoverá el auto descarte entre los estudiantes y profundizará la segmentación y segregación. Instó a pensar a la educación media superior como una etapa para dotar a las y los estudiantes de competencias y habilidades para desempeñarse en la vida y para integrarse a la vida profesional que considere las necesidades del mercado laboral, con el fin de que las y los estudiantes encuentren sentido y utilidad del aprendizaje y que les permita una trayectoria de vida exitosa.

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