Responsabilidad del Estado garantizar financiamiento para la educación superior
Reportera: Verónica Ordóñez Hernández
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), realizó el foro “Presupuesto 2025 y Educación Superior: Sorpresas, Errores y Realidades”, en el que expertos analizaron la propuesta presupuestaria del Ejecutivo para el próximo año en materia de educación superior, publicada en los primeros días del mes de noviembre.
La reducción de 30.8% del presupuesto para las instituciones federales y estatales, de acuerdo con los especialistas, responde a la continuidad de las políticas de ajuste fiscal y monetario, incluso antes del sexenio de López Obrador. En este sentido, se promulgaron por la defensa del financiamiento público para la educación superior y la búsqueda de alternativas para garantizar su sostenibilidad, al destacar la necesidad de mejorar la calidad de la educación, fortalecer la investigación y consolidar su vínculo con la sociedad.
Héctor Ramírez del Razo, director de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que, de acuerdo al proyecto de presupuesto presentado, las universidades públicas estatales tendrán una reducción en promedio de 4.2%. El impacto diferenciado será de 17.7% para la UAM; 14.3% para la UNAM; 13.4% para el IPN; 12.8% al CINVESTAV; 12.8% a la Universidad Abierta y a Distancia de México; 12.3% a la Universidad Antonio Narro; 11.9% a la UPN, 11.5% al Tecnológico Nacional de México, y 9.9% al Colegio de México.
El maestro en Economía indicó que el proceso estructural en descenso se explica a partir de tres aspectos: La continuidad de las políticas de ajuste fiscal y monetario para mantener los desequilibrios macroeconómicos; la apertura de programas y proyectos de gasto público que son prioritarios desde el sexenio de López Obrador; y el agotamiento del modelo de financiamiento de la educación superior que, desde hace algunos años, es ampliamente documentado por los especialistas. El reto es hacer efectivo el derecho a la educación superior como lo establece el artículo tercero de la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
El director de Evaluación Institucional de la UNAM declaró que no transitar hacia un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior públicas se debe a la combinación de dos procesos: La reducción de 25% del presupuesto para educación, en contraposición del crecimiento de 41% (2.48 millones a 3.4 millones) de la matrícula estudiantil de licenciatura y posgrado, los dos casos en el periodo de 2013 a 2024. Este aspecto implica la reducción sistemática del gasto federal por estudiante; en el mismo periodo, se redujo 47%, al pasar de 98,360 pesos a 51,900 pesos del gasto correspondiente a la educación superior. Dicha problemática alienta a las universidades a buscar otras fuentes de financiamiento, como el cobro de cuotas y la donación de particulares.
Alejandro Márquez Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, planteó la idea de que no es fácil impulsar un cambio en la distribución del presupuesto, ya que éste tiene que ver principalmente con la transformación generacional, los recursos programables del gobierno federal y las prioridades del gobierno federal.
Por su parte, la doctora Ana Beatriz Pérez Díaz, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, mencionó dos indicadores internacionales que ayudan a entender la reducción histórica del presupuesto. La inversión en educación superior respecto del Producto Interno Bruto promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 1.5%, frente al 1.1% que destina México, apenas un punto porcentual arriba de lo que indica la Ley General de Educación Superior. El gasto por estudiante de instituciones de educación superior en México en 2021, de acuerdo con los cálculos de la metodología de la OCDE, fue de 6,093 dólares anuales, frente a los 36,000 dólares que invierte Estados Unidos.
Señaló que el gasto por estudiante que en las universidades públicas federales es de 137,000 pesos, frente a los 23,000 pesos que se destinan a las universidades politécnicas refleja el abandono histórico al sector tecnológico, que contrasta con la narrativa gubernamental.
De manera histórica, el presupuesto se ha destinado a dos programas: servicios de educación superior y posgrado, que representa 35.4%, y el de subsidios para organismos descentralizados estatales con el 50%. Buena parte de estos programas son para apoyar a universidades públicas estatales, universidades públicas con apoyo solidario y universidades interculturales, que son parte del sector tecnológico, instituciones que en realidad viven con estos presupuestos.
Para la UAM, según lo que se establece en el documento que aprobó el Colegio Académico sobre el Presupuesto 2024, más de 90% de los recursos que reciba provienen de la Federación, es decir, el presupuesto depende de las decisiones de la Federación y, en esa lógica, destina gran parte a gastos de operación.
Finalmente, Roberto Rodríguez Gómez, investigador de la UNAM, opinó que “el paquete económico entregado por la Secretaría de Hacienda, por un lado es conservador porque, para ser el primer año del gobierno, disminuir en términos reales el gasto neto es algo que no veíamos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y, por otro lado es heterodoxo, pues combate el déficit fiscal desde el principio con una reducción drástica de tres puntos en el supuesto de un crecimiento de 3% de la economía mexicana”.